En el pasado ejercicio, los proveedores de la Administración General del Estado tramitaron alrededor de dos millones de facturas. A partir del año que viene, todas deberán pasar por el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), al que también se están incorporando numerosas administraciones locales, regionales y autonómicas.
La implantación de la factura electrónica ofrece claras ventajas económicas y de gestión. Por un lado, se acortan los ciclos de tramitación, incluido el cobro, y se eliminan los costes de papel, impresión y envío postal, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Además, se facilita un acceso más rápido y fácil a las facturas almacenadas, se reduce de forma drástica el espacio de archivo que requiere su almacenamiento y se mejora el servicio al cliente.
Otros beneficios añadidos son que facilita la lucha contra el fraude; incluye el proceso de facturación en los sistemas informáticos empresariales, mejorando su gestión, y, sobre todo, contribuye a la modernización de la economía y el desarrollo de la sociedad de la información.
