Jurídico

Navegamos por los marcos reguladores en momentos críticos conociendo la normativa y aplicándola en defensa de nuestros derechos.

Responsabilidades del Administrador

Ocupar el cargo de Administrador de una entidad mercantil, no resulta fácil, ni
exento de riesgos. La nueva regulación legal: Ley de Sociedades de Capital,
Ley Concursal y nuevo Código Penal, contemplan la posibilidad de hacer
responsables, en determinados supuestos, a título personal e individual a
dichos Administradores, que pueden ver afectado su patrimonio personal.
El desconocimiento de ésta legislación ya no sirve como alegato para la
exoneración; por ello resulta absolutamente imprescindible un asesoramiento
previo, puntual y concreto respecto a determinadas acciones que pudieran
comprometer la “seguridad” del Administrador.

Derecho bancario e hipotecario

Las recientes resoluciones del T.J.U.E (Tribunal de Justicia de la Unión
Europea), han puesto en evidencia una posible actuación de las entidades
Bancarias españolas, contraria a los derechos de los Consumidores y
Usuarios.
Participaciones Preferentes, Clausulas suelo, Gastos Hipotecarios, Plusvalías
Municipales, Hipotecas Multidivisas, etc. etc. son asuntos de evidente auge
ante las jurisdicciones civiles, mercantiles y Administrativas.
Una serena pero profunda revisión de éstos asuntos, tanto a nivel empresarial
como particular, y su posterior reclamación, resulta esencial para recuperar lo
indebidamente pagado.

Recuperación de morosos

El alto índice de morosidad entre particulares, empresas y administraciones
públicas, constituye hoy en día uno de los riesgos más graves y dañinos para el

normal funcionamiento de una empresa.
Un estudio previo a la contratación nos ayudará a evitar riesgos; un estudio
sobre solvencia previo a la reclamación nos evitará riesgos y gastos
innecesarios; y una adecuada y puntual reclamación nos puede permitir
recuperar lo impagado y/o deducirnos el correspondiente I.VA.

Compliance penal

En el ámbito penal, la responsabilidad no afecta exclusivamente a la persona
jurídica (clausura, suspensión, intervención, etc.), sino que pueden verse
afectadas personas físicas con cargos de dirección y gestión, tanto de hecho
como de derecho, por acción o por omisión.
Disponer de un “protocolo” de actuación, externo o interno, y específicamente
diseñado para la concreta actividad de la empresa, y su puesta en práctica
efectiva, y mantenimiento regular, resulta hoy por hoy, la única forma de que
Administradores y Gestores, pueden salvaguardar su propia responsabilidad
personal en el ámbito penal.

Concurso de acreedores

El concurso de acreedores es un procedimiento jurídico destinado a solventar
los problemas de insolvencia y falta de liquidez de un negocio, y persigue por
una parte que los acreedores puedan cobrar y por otra la búsqueda de
soluciones para conseguir la continuidad del negocio y evitar la quiebra.
Puede ser aplicable tanto a una persona física, como un autónomo, como a
una persona jurídica, tanto pymes como grandes empresas
Se trata por tanto de un sistema que ayuda a las empresas o sociedades y
profesionales autónomos en caso de insolvencia a articular un mecanismo
ordenado de hacer frente a las deudas. Mediante la solicitud del concurso de
acreedores, se pone el asunto en manos de un juez y se puede llegar a
paralizar ejecuciones de deuda o a rebajar y aplazar el pago de las mismas.
La ley en la que se apoya el concurso de acreedores, Ley 22/2003, de 9 de
julio, intenta la no disolución total de la empresa y fomenta la conservación delpatrimonio.

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