El sector de la construcción ha alcanzado un acuerdo de gran alcance: a partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas deberán realizar aportaciones al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector por la totalidad de sus trabajadores, quedando únicamente excluidos los autónomos sin trabajadores.
Hasta ahora existía una excepción prevista en el artículo 28.3 del Convenio General del Sector de la Construcción(Libro Tercero), que permitía no aportar en determinados supuestos, como salarios fijos superiores a las tablas del convenio o ciertos casos de subrogación. Patronal y sindicatos han acordado eliminar por completo esta excepción, de modo que la obligación pasa a ser universal para todas las empresas del sector.
La ampliación de las aportaciones se enmarca en la actualización salarial pactada hasta 2026: del incremento total del 7,25%, un 0,75% se destinará específicamente a reforzar este Plan (0,5% en 2025 y 0,25% en 2026). Además, se mantiene la cláusula de garantía salarial para ambos ejercicios, con una posible revisión adicional en 2027 si la inflación supera el 7,25%.
Es relevante añadir que las empresas que no cumplan con esta obligación se exponen a sanciones. Diversas fuentes del sector han advertido de que el incumplimiento, ya sea por no adherirse al Plan o por no realizar las aportaciones obligatorias, puede considerarse una infracción grave del convenio colectivo, con multas que en los casos más severos pueden alcanzar importes elevados.
La CNC destaca que este Plan se ha convertido en un referente gracias al diálogo social y subraya su aportación a la mejora de las condiciones de jubilación y a la estabilidad del sector, especialmente en un contexto de déficit de mano de obra.
UNESPA y CEOE coinciden en que este avance puede servir como guía para otros sectores y contribuir al desarrollo de la previsión social complementaria en España, que todavía presenta un recorrido notable respecto a otros países europeos.
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