La ley 42/2006 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2007 promulga en su disposición adicional vigesimoquinta que las empresas con empleados con contrato indefinido que tengan 59 años o más que lleven trabajando en la misma compañía durante al menos cuatro años tendrán una reducción en las cuotas de la Seguridad Social de estos trabajadores.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, en España existen 124.719 afiliados a la Seguridad Social que se encuentran en ese rango de edad. Con esta medida se pretende potenciar el mantenimiento del empleo para los trabajadores de más edad y evitar las jubilaciones anticipadas y prejubilaciones. Antes de esta normativa existía otra aprobada en el 2002 que hacía referencia a los trabajadores de más de 60 años. Además, ya se aplicaba la medida que establecía un aumento de un 2% o de un 3% al año para aquellas pensiones de los empleados que desearan seguir en su puesto de trabajo más allá de los 65 años.
En España la media de edad de jubilación es de 63 años y la edad de retiro está fijada en los 65 años aunque no es obligatorio que al llegar a esta edad el trabajador se jubile. Desde organismos internacionales y desde la propia Unión Europea, la edad media de jubilación española es criticada aunque no se pronuncian sobre unas normas reguladoras de los sistemas europeos de pensiones.
Las empresas reducirán el gasto de las cotizaciones de los empleados de más de 59 años en un 40%, lo que supondrá 177,25 millones de euros de ahorro. Esta norma se hallaba prevista en la última reforma de pensiones que suscribieron el Gobierno, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT y que se firmó bajo el nombre “Acuerdo sobre el desarrollo de medidas del informe de renovación competitivo con trabajadores con experiencia”.
Por otro lado, según un ranking elaborado por la consultora AON, España se sitúa entre los países que poseen un sistema de pensiones más seguros. Para la elaboración del mapa de pensiones de Europa se han analizado los sistemas de 25 países miembros de la Unión Europea. Se han utilizado cuatro parámetros para la recogida de datos: la estructura demográfica, la cuantía de las pensiones públicas, la viabilidad financiera del sistema y el peso de las pensiones privadas.
España se encuentra entre los primeros puestos ya que sus sistemas de pensiones no atraviesan problemas, a medio plazo tampoco se espera que los tenga, y en caso de que haga falta una reforma, ésta no deberá ser muy profunda.
Con respecto a la armonización de los sistemas de pensiones europeos bajo unas normas comunes, las autoridades comunitarias no se han pronunciado al respecto y se han limitado a aconsejar a los Estados para que pongan en marcha un sistema de “buenas prácticas” que sirva de referencia para aquellos países que realicen reformas.
El director de Aon Consulting, Jorge García Perrote, tras la presentación del informe se manifestó partidario de que los responsables de la UE se impliquen más en buscar soluciones a los problemas que presentan los planes de pensiones y tras admitir que Bruselas no podrá homologar los distintos sistemas consideró, que “podrían incentivar en toda la Unión Europea el retraso de la edad efectiva de jubilación”, algo que España ya tiene en marcha.
