A partir del próximo 1 de enero los organismos públicos tendrán que pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días y, en ningún caso, las partes podrán acordar una ampliación de este periodo. Para el resto de empresas el plazo será de 60 días.
En 2011, el plazo se determinó en 85 días; en 2012, en 75; y, por último, en 2013, en 60 días. Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración, así como las efectuadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas. Este ha sido uno de las causas por las que muchas pymes han tenido que cerrar. A ello se unía el hecho de tener que adelantar, además, el pago de IVA.
Esta ley establece dos excepciones: La primera afecta a las Administraciones Públicas, que tendrán que pagar a 30 días, a partir de 2013 y, la segunda, al sector de la alimentación y los productos perecederos, que quedarán obligados a efectuar los abonos también a 30 días en todos los casos.
En 2011 se han aportado 27.000 millones para pagar facturas pendientes de las administraciones a los proveedores, «en buena parte destinadas a facturas de pymes y autónomos».
