La Fundación Tripartita advierte sobre el fraude en bonificaciones

La Fundación Tripartita advierte a empresas y consultores del sistema de bonificaciones de ámbito estatal, sobre la existencia de entidades que de manera gratuita ofrecen servicios de implantación, auditoría y asesoría jurídica en materia de protección de datos de carácter personal, que en la práctica financian estos servicios con cargo al crédito asignado para la formación, un hecho que puede llegar a ser constitutivo.

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo advierte a empresas y consultores, a todos los gestores de formación para el empleo del sistema de bonificaciones de ámbito estatal, sobre la existencia de entidades que de manera gratuita ofrecen servicios de implantación, auditoría y asesoría jurídica en materia de protección de datos de carácter personal, que en la práctica financian estos servicios con cargo al crédito asignado para la formación, un hecho que puede llegar a ser constitutivo de fraude.

Fraude en bonificacionesEl Real Decreto 395/2007 y la Orden Ministerial 2307/2007 establecen que este crédito está destinado exclusivamente a la realización de acciones formativas y permisos individuales de formación de los trabajadores.

La Fundación Tripartita ha iniciado un proceso de comprobación de los hechos y puesto en marcha los mecanismos de control oportunos, para constatar las bonificaciones practicadas y evitar en el futuro que las empresas beneficiarias que se bonifican por formación se vean implicadas en una cadena de errores, teniendo que devolver las cuantías bonificadas.

Las empresas que se bonifiquen por la contratación de servicios de implantación, auditoría y asesoría jurídica en materia de LOPD, deberán devolver los importes correspondientes y atenerse a las actuaciones pertinentes del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Es importante que sepan que cuando se ofrece «gratis» la prevención de riesgos laborales, por parte de estas «consultoras» (que obviamente no son Servicios de Prevención debidamente acreditados) lo único que hacen es entregarle al empresario (con menos de 10 trabajadores) un supuesto documento de evaluación de riesgos que tiene que firmar el propio empresario. Es decir, es el empresario el único responsable de la calidad y adecuación de esa supuesta evaluación de riesgos laborales, y es el empresario el único responsable ante la Inspección de Trabajo. Generalmente, de esas «consultoras», una vez cobrada su factura, no se vuelve a saber de ellas.

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